"BDS" DIARIO 30/05/2005
BDS. ( Boletín Diario de Seguros)

Edición 30 de mayo de 2005 BDS. ( Boletín Diario de Seguros)

ACTUALIDAD

Pliego de alegaciones CENTRO ASEGURADOR recusa a Ricardo Lozano por su actuación contra la entidad Cree que no of rece garantías suficientes para participar en el prccedim lento con la rectitud, serenidad y ponderación que la Ley le exige CENTRO ASEGURADOR ha recusado al director general de Seguros y Fondos de Pensiones, Ricardo Lozano, por su “enemistad manifiesta hacia la entidad. En las alegaciones al pliego de cargos contra CENTRO ASEGURADOR, presentadas el pasado 6 de mayo, la entidad intenta acreditar la palmaria parcialidad de Lozano, que considera “no ofrece garantías suficientes para participar en el procedimiento con la rectitud, serenidad y ponderación que la Ley le exige”. Desde la DGSFP se ha declinado hacer declaraciones sobre este asunto, del que al parecer ya está al tanto el propio secretario de Estado de Economía, David Vegara. El administrador único de la sociedad, Javier Salvador, precisa que “si bien de sus relaciones extraprocesales con CENTRO ASEGURADOR no se puede inferir una enemistad notoria que pudiera derivarse de sus relaciones profesionales anteriores, la realidad es que dicha manifiesta enemistad sí es perfectamente predicable del comportamiento con el que (...) se viene conduciendo en los últimos meses, evidenciada en la campaña de prensa emprendida con la única finalidad de desacreditar a mi mandante [CENTRO ASEGURADOR] y, a la postre, en el compendio de resoluciones que, sin fundamento legal alguno (i.e. acuerdo de iniciación del expediente de disolución) o de forma absolutamente infundadas (i.e. resolución de 21 de febrero de 2005 de adopción de medidas de control espacial amparada únicamente en el auto de ejecución provisional) o al margen de todo procedimiento Qe. resolución de 11 de marzo de 2005), en definitiva ilegales, ha ido dictando en cascada el director general de Seguros y Fondos de Pensiones”. En el documento de alegaciones, de 63 páginas, al que ha tenido acceso esta Redacción, se acusa a Lozano de que su actitud de “beligerancia” y “parcialidad” viene provocada por la presentación de concurso voluntario de acreedores por parte de la entidad, que “no debió de ser del agrado del director general, pues desde ese mismo momento sus decisiones han ido encaminadas no sólo a que el concurso no prosperase sino que, vigente el mismo, sus actuaciones han tratado de impedir que este procedimiento judicial pueda concluir en un convenio con los acreedores que permita la supervivencia de la compañía”. La aseguradora explica que Lozano se ha dedicado a “entorpecer” el normal desarrollo del concurso voluntario y a “frustrar” toda posibilidad de convenio en ese ámbito que permita la supervivencia de CENTRO ASEGURADOR. Considera que sólo en este sentido deben entenderse sus afirmaciones insinuando que los asegurados sólo cobrarían el 100% de su deuda con la compañía si es disuelta por el Consorcio de Compensación de Seguros, “animando, de este modo, a los asegurados a que no acepten el posible acuerdo” en el seno del concurso voluntario. Se da la circunstancia de que, en cierta forma, el responsable de la DGSFP es ‘juez y parte’, en el procedimiento sancionador contra CENTRO ASEGURADOR y sus consejeros, ya que es la autoridad competente para la imposición de sanciones por las infracciones graves. En el caso de las sanciones por las infracciones muy graves, la autoridad competente es el ministro de Economía y Hacienda, aunque a propuesta de la DGSFP. Por último, la revocación de la autorización administrativa debe ser impuesta por el Consejo de Ministros. Pliega de cargas contra CENTRO ASEGURADOR Fuente: documento oficial de la Sección de Procedimientos Cautelares y Disciplinarios, fechado el 28 de marzo de 2005, que también incluye cargos contra consejeros y directivos de la entidad. El acuerdo de iniciación del expediente sancionador se remitió el 23 de marzo. 1. Falta muy grave por defecto en el margen de solvencia en cuantía superior al cinco por ciento del importe correspondiente. La DCSFF, tras realizar varios ajustes por los siniestros de FECSA y Vilanova ¡la Celtrú, así como un ajuste por activación de créditos fiscales, considera que el déficit en el margen de solvencia, al cierre del ejercicio 2004, seria de 13,66 millones de euros (el 66% de la cuantía mínima). 2. Infracción muy grave por defecto en el cálculo de las provisiones técnicas en cuantía superior al diez por ciento. En el cálculo y la contabilización de la provisión de prestaciones, así como en la gestión de siniestralidad existen graves anomalías que ponen de manifiesto la falta de fiabilidad sobre la cuantificación de esta provisión realizada por la entidad a 31 de diciembre de 2003, arrojando un déficit en su cálculo que representa, al menos, el 27% de la provisión de prestaciones a constituir. 3. Falta muy grave por defecto en el cálculo de las provisiones técnicas en cuantía superior al diez por ciento. A 31 de diciembre de 2003, la entidad presenta una infradotación en la provisión de riesgos en curso de 627 millones de euros, lo que representa un déficit del 71% de la provisión a constituir. 4. Falta muy grave por llevar contabilidad exigida legalmente con anomalías sustanciales que impidan o dificulten notablemente conocer la situación económica, patrimonial y financiera de la entidad. Según la DCSFF, Deloitte, auditora de la aseguradora en 2004, considera que la sociedad debería constituir una provisión por el importe necesario para cubrir la situación derivada de la sentencia señalada anteriormente [se refiere a la sentencia de Vilanova i la Geltrú]”, por lo tanto entiende que la infradotación de la provisión para este siniestro alcanza los 10,72 millones de euros. 5. Infracción administrativa muy grave por presentar deficiencias en la organización administrativa y contable o en los procedimientos de control interno, incluidos los relativos a la gestión de riesgos. La DCSFF constata “situaciones de hecho que ponen en peligro la solvencia de la entidad, los intereses de los asegurados y el cumplimiento de las obligaciones contraídas por la entidad, así como deficiencias en la gestión de la siniestralidad y en el cálculo de las provisiones técnicas que conllevan irregularidades en la contabilidad”. 6. Falta grave por incumplimiento meramente ocasional o aislado de los acuerdos o resoluciones emanados de la DGSFP. En septiembre de 2003 se requirió a la entidad para que no incluyera los beneficios futuros del ramo de Vida en el cálculo del margen de solvencia. El acta de 4 de enero de 2005 revela que al cierre de cuentas del ejercicio 2003 siguió contabilizándolos en el margen de solvencia. 7. Infracción grave por no comunicar en los plazos previstos al efecto los datos relativos al nombramiento y cese de determinados miembros del Consejo de Administración así como de sus directores generales. Las alegaciones de CENTRO ASEGURADOR Fuente: pliego de alegaciones presentadas por la entidad el 6 de mayo ante la Sección de Procedimientos Cautelares y Disciplinarios de la DGSFP Previa - Nulidad del acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador adoptado por el director general de Seguros y Fondos de Pensiones por inexistencia de acta previa que le sirva de fundamento. Según la compañía, no existe un acta de inspección previa que sustente la adopción de un acuerdo de inicio de expediente sancionador, porque en el acta de inspección de 4 de enero de 2005 no se recogen causas para la imposición de sanciones administrativas, cuando “éste sería el lugar obligado para realizar -de existir-, consideraciones de esta naturaleza”. Según la versión de CENTRO ASEGURADOR, la DGSFP es consciente de la “insuficiencia” del acta de 4 de enero de 2005. Por ello dicta la resolución de 11 de marzo “al margen de cualquier procedimiento”, intentando así, “puerilmente”, salvar la imposibilidad de incoarlo basándose en el acta de 4 de enero. Con la de 11 de marzo, Ricardo Lozano “asumiendo unas facultades que no le corresponden y entrando en la calificación jurídica de conductas, intenta obtener el necesario instrumento que le permita la apertura del procedimiento sancionador”. 1-Exclusión de la responsabilidad de CENTRO ASEGURADOR por ser su eventual actuación infractora efecto de error inducido. Si CENTRO ASEGURADOR ha cometido una actuación irregular ha sido porque “la actuación reguladora de la propia Administración de Seguros ha inducido a un error invencible” en las personas responsables de la aseguradora, que habrían seguido en todo momento los dictados de la DGSFP. El error también se habría producido por la propia normativa, que permite una “amplia interpretación discrecional por parte de la Administración y que los hechos normativamente significativos aparecen definidos en virtud de conceptos jurídicamente indeterminados, como ‘relevante’, ‘suficiente’, etc.”. En concreto, menciona la “particular interpretación que la Administración de Seguros realiza de principios contables de interpretación y aplicación no equívoca” en relación con “determinados ajustes contables” en el caso de los siniestros de Vilanova ¡ La Geltrú y de FECSA y de los créditos fiscales. Sobre el primero de los siniestros, la entidad había provisionado 150.253 euros, el importe del límite de capital asegurado, considerado como suficiente por un letrado independiente contratado por la entidad. Considera que tampoco Deloitte, la auditora de la entidad, recomienda constituir una provisión por el importe necesario para cubrir la situación derivada de la sentencia (tal y como menciona la DGSFP), sino que hablaba de la situación creada por la sentencia y el posterior recurso de la entidad y de la necesidad de constituir una provisión por el importe necesario para cubrir la situación derivada “de los mismos”, de sentencia y recurso, no sólo de la sentencia. Desde ese punto de vista, y dadas las elevadísimas posibilidades de que prospere su recurso contra la sentencia, CENTRO ASEGURADOR sostiene que es suficiente con lo provisionado. Una situación similar se produce en el caso del siniestro de FECSA, donde hay “escasa probabilidad de que CENTRO ASEGURADOR vaya a tener que hacer frente a pago alguno”. En cuanto a los créditos fiscales, considera que en ningún momento la DGSFP ha justificado los motivos del ajuste, puesto que cuando la inspección levantó acta el 4 de enero de 2005, “la compañía no sólo se encontraba en condiciones de acreditar la obtención de beneficios en el ejercicio 2003 y siguientes -no sólo de explotación, sino también extraordinarios procedentes de la cesión de carteras, como la de Enfermedad- que bien hubieran permitido la compensación de dichos créditos”. No obstante, se reconoce que, con la “campaña de acoso y derribo” emprendida por Lozano, en estos momentos “difícilmente podría obtener beneficios que permitan la compensación de los créditos fiscales referidos”. En resumen, no ha existido “el elemento subjetivo de la culpa o el dolo”, que es requisito “imprescindible para la existencia de una infracción administrativa”, porque “en todo momento CENTRO ASEGURADOR ha realizado una interpretación de la legislación de seguros, apoyada en informes de absoluta solvencia, en el entendimiento de que se encontraba dentro de la legalidad”. 2-Nulidad del acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador adoptado por el director general de Seguros y Fondos de Pensiones por vulneración del principio de imparcialidad objetiva. “Es evidente que el director general de Seguros antes de proceder a acordar por resolución de 23 de marzo el inicio del procedimiento sancionador contra CENTRO ASEGURADOR ya había emitido previamente un juicio de calificación jurídica de los hechos imputados en esta resolución”, afirma la entidad en las alegaciones. Según su versión, el 21 de febrero de 2005, Ricardo Lozano, tras conocer que la aseguradora iba a recurrir al concurso voluntario, presentó dos resoluciones por las que se iniciaba el procedimiento de disolución y se adoptaba medidas de control especial. Sin embargo, “ha dejado caducar este procedimiento [de disolución], para evitar así tener que dictar una resolución acordando la no disolución de la compañía, única resolución posible por la incompatibilidad de ambos procedimientos”. La entidad alega que Lozano dictó la resolución de II de marzo “al margen de cualquier procedimiento”, sabedor de que el acta de inspección de 4 de enero no indicaba causa alguna que pudiera determinar la imposición de sanciones administrativas. Según la versión de CENTRO ASEGURADOR, Lozano también conocía que la resolución de 21 de febrero que se amparaba en el agravamiento de la situación patrimonial de la entidad por la ejecución de la sentencia de Vilanova ¡ La Geltrú, no tenía mucho sentido desde el momento en el que el pago inmediato de la desmesurada indemnización de varios millones de euros había desaparecido con el concurso voluntario de acreedores. Ante la posibilidad de que “la revocación de la sentencia señalada colocaría a la DGSFP en una delicada situación no exenta de responsabilidades”, Lozano dicta la resolución de 11 de marzo para “justificar su improcedente actuación”. En ese documento “se pueden leer diversos juicios de calificación jurídica de los hechos imputados que conducen a la irremediable recusación del director general de Seguros como la única vía que asiste a esta parte para garantizar una posición de neutralidad y de ausencia de prejuicios”. Por ello, constata una “contaminación” de la imparcialidad de Lozano, por “precalificar como infracciones unos hechos que hasta entonces, en ninguno de los procedimientos de control incoados ni en las actas de inspección, ni siquiera habían venido propuestos como indicios formales de infracción”. El acuerdo de 23 de marzo de incoar la apertura de expediente sancionador se derivaría, por tanto, de este enjuiciamiento personal de Lozano. 3-Vulneración de la imparcialidad objetiva como causa de incumplimiento del Código de Buen Gobierno de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado. Considera que Lozano ha incumplido los principios de neutralidad, sigilo, reserva y discreción en relación con los datos e informes que se conocieran por razón de su cargo, exigidos en este Código. En cuanto al principio de imparcialidad objetiva, se asegura que debió abstenerse de actuar en un tema como éste “del que tenía conocimiento por actuaciones profesionales anteriores, con base a una oferta de servicios presentada bajo su coordinación y rechazada por la empresa concursada”. Aunque no lo nombra explícitamente, esta frase hace referencia a la participación de Lozano como responsable de un proyecto de auditoría de procesos ofertado por KPMG en abril de 2002 a CENTRO ASEGURADOR, que fue rechazado por la aseguradora, que prefirió la oferta de otra compañía. 4-Nulidad por desviación de poder de toda tramitación administrativa de contenido sancionador sobre los hechos que vienen siendo analizados y seguidos por la Administración de Seguros en virtud de sus potestades reguladoras. “Acreditada una conducta carente de toda responsabilidad por parte de CENTRO ASEGURADOR [en virtud de lo explicado en la alegación primera], se desprende que la actuación sancionadora de la Administración (...) adolece de un importante vicio administrativo, cual es el de la desviación de poder”. 5-Sobre presuntas infracciones imputadas en el pliego de cargos Tras precisar que el pliego de descargos, al igual que la resolución de 11 de marzo, adolece de “falta de claridad”, se refiere al apartado segundo del pliego de cargos donde se menciona la comisión de una infracción administrativa muy grave por “el defecto en el margen de solvencia en cuantía superior al cinco por ciento del importe correspondiente”. Este defecto se produce por unas supuestas infradotaciones: de la provisión matemática complementaria (1,81 millones de euros); del siniestro de FECSA (1,9 millones de euros); y del siniestro de Vilanova ¡ La Geltrú (10,72 millones de euros). Y también por la activación de créditos fiscales por importe de 3,7 millones de euros. La entidad dice que estos ajustes no son necesarios y que se basan en “estimaciones cuando menos discutibles” y omitiendo información “sustancial y relevante” que justificaría los criterios seguidos por la entidad, “nada caprichosos o infundados”. En el pliego de cargos también se recoge la existencia de “graves anomalías” en el cálculo y la contabilización de la provisión de prestaciones, así como en la gestión de la siniestralidad. La entidad, si bien reconoce la existencia de problemas en gestión de siniestros en el ejercicio 2002, asegura haber trabajado para corregir dichos problemas, sin que, explica, la DGSFP haya tenido en cuenta sus alegaciones. Además, CENTRO ASEGURADOR pone de manifiesto que en ninguna de las actas levantadas en relación con la gestión de siniestros se dictaminó que ésta fuera constitutiva de infracción alguna, “lo que indubitadamente implica la inexistencia de infracción”. Algo similar, explica la compañía, sucede con la supuesta “infradotación en la provisión de riesgos en curso Otra de las infracciones se refiere a las ya mencionadas “deficiencias en la gestión de la siniestralidad y en el cálculo de las provisiones técnicas”, que conllevan “irregularidades” en la contabilidad que impiden conocer su verdadera situación patrimonial. Estas supuestas deficiencias en la organización administrativa y contable, que recogen imputaciones previas, son para CENTRO ASEGURADOR una muestra de “malabarismo sancionador”: “No hay ni una infracción ni otra, pero incluso en el caso de que la primera lo fuera, en modo alguno podría serlo la segunda”. Respecto a la imputación sobre no cumplir el requerimiento de una resolución de septiembre de 2003 para dejar de incluir los beneficios futuros del ramo de Vida en el cálculo del margen de solvencia, CENTRO ASEGURADOR recuerda que “en ningún momento se acordó el referido requerimiento”. La aseguradora subraya que esta situación, que podría ser considerada como un mero error, “bien pudiera obedecer al interés de esa Dirección General de sancionar a toda costa a CENTRO ASEGURADOR, pues ya ha quedado sobradamente acreditada la actuación persecutoria de la misma”. El Gobierno remite a las Cortes la modificación de dos convenios de RC en materia nuclear El Consejo de Ministros aprobó el viernes dos acuerdos por los que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Protocolo que modifica el Convenio de 29 de julio de 1960 sobre Responsabilidad Civil en materia nuclear y del Protocolo que modifica el Convenio de 31 de enero de 1963 complementario del Convenio de 29 de julio de 1960, sobre la Responsabilidad Civil en materia nuclear (estos Convenios fueron a su vez modificados por otros protocolos adicionales en 1964 y 1982). Según explica el Gobierno, “el Convenio de París de 29 de julio de 1960 establece un régimen de RC en materia de energía nuclear que se caracteriza por la responsabilidad objetiva y exclusiva del explotador nuclear, el cual está obligado al pago de indemnizaciones hasta un importe determinado y a cubrir su responsabilidad mediante un seguro u otra garantía financiera. El Protocolo de enmienda al Convenio de París tiene como finalidad mejorar el régimen de indemnización de daños nucleares, por una parte, garantizando la disponibilidad de más recursos de compensación, contemplando un aumento de los importes de responsabilidad y, por otra, extendiendo el régimen de responsabilidad civil nuclear a los daños medioambientales”. Por su parte, “el Protocolo de enmienda al Convenio de Bruselas, de 31 de enero de 1963, complementario del Convenio de París, por una parte reemplaza la unidad de cuenta por el euro y, por otra, aumenta los niveles de cobertura de la reparación de los daños”.

30/05/2005 INESE     

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